domingo, 19 de junio de 2016

Represión de la Policía en México deja 3 maestros asesinados....


MÉXICO




Salina Cruz: maestros y pobladores bajo fuego de federales y gendarmes


               





En este importante municipio del Istmo de Tehuantepec, se mantenía un bloqueo desde el viernes, que ya había sido atacado por la policía. La excusa del gobierno fue preservar el abastecimiento de combustible y las instalaciones de Pemex.
Con gases lacrimógenos efectivos federales y de la Gendarmería intentaron desalojar el bloqueo. Los manifestantes resistieron hasta las 5 de la mañana de hoy se replegaron, tras defenderse por horas con piedras y cohetones.
El descontento irrumpió en este importante municipio oaxaqueño, y los manifestantes se defendieron con piedras y bombas molotov. Es que maestros y pobladores no sólo enfrentan la reforma educativa. Están unidos por los múltiples agravios impuestos por el gobierno.
Salina Cruz es el epicentro en Oaxaca de la aplicación de las reformas. La población viene de sufrir sucesivos despojos de tierras y desplazamientos de numerosas familias por la instalación del corredor eólico “La Ventosa”. Allí también está una importante refinería de Pemex y el puerto de Salina Cruz.
Es en esta región donde el gobierno planea desarrollar una de las Zonas Económicas Especiales, en el corredor Interoceánico de Tehuantepec, la más grande inversión del gobierno de Peña Nieto, y una pieza clave para la aplicación del Acuerdo Transpacífico.


            


viernes, 10 de junio de 2016

Ulises Pastor Barreiro explica qué es un Snakeboard

Rechazo a la represión que ejerce la fuerza pública de Colombia contra nuestros hermanos y hermanas indígenas



Boletín de Prensa

D.M. Quito, 08 de junio de 2016

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE- extiende la más profunda solidaridad y respaldo a la “Minga nacional agraria, indígena y popular” organizada y protagonizada por las organizaciones indígenas, campesinas y populares de Colombia, en especial a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.

De la misma manera expresamos nuestro más enérgico rechazo a la represión ejercida en contra de la movilización, que ha provocado la muerte y heridos de nuestros hermanos y hermanas mingueras que luchan en defensa de sus territorios y de sus golpeadas economías. 

Esta movilización nacional, que ya lleva dos semanas, impugna la desatención del Estado colombiano a la realidad de la economía campesina. De igual manera rechaza el TLC con la Unión Europea, que solo ha beneficiado a los grandes terratenientes y agroindustriales, perjudicando enormemente a las economías de los campesinos y pueblos indígenas.    

Ante una protesta de los sectores organizados, la respuesta de los Estados no puede ser la represión, la violencia, la violación de los más elementales Derechos Humanos y Colectivos.Exigimos al Estado colombiano: atender las justas demandas presentadas por la “Minga Nacional agraria, indígena y popular”; que respete los Derechos Humanos y sancione a los responsables de las muertes de los participantes de esta protesta legítima de los pueblos indígenas campesinos.

Ratificamos nuestra solidaridad con la protesta social de los pueblos indígenas campesinos de Colombia, en especial con los familiares que han perdido sus seres queridos en este proceso de reivindicación de los derechos.

Por el Consejo de Gobierno

Jorge Herrera
PRESIDENTE CONAIE

Boletín en PDF: Aquí

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www.conaie.org

martes, 7 de junio de 2016

CAMBIEMOS y su apoyo a la dictadura de 1976...


Gran rechazo al decreto de Macri en favor de las Fuerzas Armadas

Referentes de los derechos humanos condenaron el decreto. Asimismo decidieron expresarlo en una acto luego de la ronda de las Madres el próximo jueves en Plaza Mayo.

                  
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Enrique “Cachito” Fukman de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ); y Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, miembro del CeProDH y del EMVyJ; opinan sobre el último decreto de Macri que otorga más autonomía a las Fuerzas Armadas.
Para Fukman el decreto “tiene más fuerza en lo simbólico, de lo que realmente pueda producir como cambio. Hasta ahora el control civil de las Fuerzas Armadas era relativo. Pero lo simbólico del mensaje es que le están diciendo a los militares ‘prepárense que los vamos a necesitar de vuelta’. Este es el valor que tiene este decreto”.
Nora Cortiñas sostuvo “este decreto es un gran retroceso con respecto a la resolución que había dictado Alfonsín sobre la subordinación de las Fuerzas Armadas a la conducción civil y el respeto a esa autoridad. Así que esto es retroceder muchos años”.
Alejandrina Barry señaló que este “decreto es parte de una política por parte del macrismo de intentar reconciliarnos con las Fuerzas Armadas, buscando reeditar la teoría de los dos demonios. Macri había dicho un día antes que había que ´dejar atrás enfrentamientos y divisiones´. Ahora, el decreto es una señal que va en ese mismo sentido, pero es más grave porque objetivamente otorga más poderes a los militares”.
A Nora, "Cachito" y Alejandrina no sólo les preocupa el decreto, sino hacia dónde se dirige la política militar del gobierno. Sobre esto Fukman dijo que esto lo había comenzado a anunciar el gobierno anterior “con Milani empezaron a decir que las Fuerzas Armadas tenían que ocuparse en políticas internas, como ser la lucha contra la pobreza y el narcotráfico. Qué casualidad, esta es la doctrina de Seguridad Nacional que los Estados Unidos están implementando desde los años 90 para volver a intervenir en los países latinoamericanos. La lucha contra el narcotráfico, a través de agencias como la DEA, es una política para que los militares intervengan. La lucha contra la pobreza de EE.UU. es meterse en los países latinoamericanos a través de ONG”.
Y agregó que “empiezan a ver voces que plantean que es necesario que vuelvan a intervenir los militares en la vida política interna del país. Pero tengamos en cuenta que, con este mismo discurso, han desplegado las Fuerzas de Seguridad a lo largo de todo el país, que ha significado un control territorial en las barriadas populares. Por esto, preparar a las Fuerzas Armadas significa que cuando el pueblo, en su lucha contra el ajuste y por sus derechos, sobrepase a las fuerzas de seguridad, tengan a los militares para intervenir”.
Nora lleva más de 40 años luchando por memoria, verdad y justicia, pero también hace muchos años que pelea contra los ataques represivos. Por eso expresó su preocupación sobre hacia dónde orienta la política militar el gobierno. “Podemos pensar cualquier intencionalidad, como reprimir a una respuesta a la situación económica deteriorada, como estamos viviendo día a día, y que responda cómo en otras épocas a las que no queremos volver nunca más a esa violencia hacia el pueblo y que el Presidente diga que él no tiene nada que ver”, afirmó Nora y agregó que para fortalecer a las Fuerzas Armadas “comenzaron por otorgarle aumento salarial y esta libertad, esta autonomía. Comienza a mostrar lo que hasta hoy tenían guardado. Es preocupante”.
Alejandrina hace hincapié en el hecho de que el control civil no garantiza terminar con la impunidad, sino que ésta se ha perpetuado: “Aunque el decreto de Alfonsín se establece el control civil, esto no significó que los militares que fueron parte de la dictadura hayan sido retirados de las Fuerzas Armadas. Sólo en el Ejército tiene más de 3000 miembros que vienen formaron parte del engranaje genocida”. Pero también insiste en que el decreto de Macri habilita a que “vuelvan genocidas retirados, por ejemplo, bajo la figura de docentes”. Por eso hace un llamado a “no dejar pasar este avance, porque tras este vendrán más y claramente se están preparando porque saben que el ajuste que están aplicando tiene y tendrá resistencia por parte de los trabajadores y el pueblo”.

BLANQUEO del narcotrafico...


Diputados continúa hoy el debate sobre el proyecto de blanqueo y pago a jubilados

El tratamiento sigue con una reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda de Diputados.

              

La Cámara de Diputados sigue hoy con el tratamiento en comisión del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que cambia el régimen fiscal y establece el pago para jubilados y pensionados, en una jornada en la que se prevé escuchar a representantes de organizaciones de la tercera edad y especialistas en temas tributarios y fiscales.
La propuesta continuará siendo debatida desde las 12 en una reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda de Diputados, que se desarrollará en el Anexo del Congreso y que comenzará con el testimonio del defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

Discusiones alrededor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

El oficialismo espera obtener dictamen el jueves para tratarlo en una sesión especial que sería convocada para el miércoles 15 de junio y estiman que están "garantizados" los votos para dar media sanción a la propuesta más allá de algunas diferencias sobre el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
El radical Miguel Bazze señaló que "la discusión es otra, es si prohibiendo la venta de acciones de empresas privadas que el Fondo posee es la mejor forma de preservarlo, o si posibilitando su comercialización se garantiza mejor la rentabilidad del mismo".
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que el FGS "no" se puede manejar con "tanta rigidez en la administración" de sus recursos, por lo que insistió que desde el Gobierno van a buscar hacer "algunos cambios" en el manejo de esta caja.
Sin embargo, el massista Marco Lavagna argumentó que "si se venden masivamente las acciones de la ANSES, se puede estar hipotecando el futuro del fondo de sustentabilidad".
En tanto que desde el bloque Justicialista, que ya adelantó que va a apoyar en general el proyecto con disidencias en particular, Bossio afirmó que los dividendos de las acciones "son suficientes para atender el flujo de financiamiento sin necesidad de vender los activos".
El FGS viene siendo uno de los puntos controversiales del proyecto, Horacio Verbitsky lo tituló el domingo “¿sustentabilique?” y cita un informe de CIFRA, el cual denuncia que el proyecto de reparación histórica no es a los jubilados sino a las grandes empresas que quieren recuperar las acciones que componen el FGS.
CIFRA (Centro de Estudios de la CTA) calcula que el blanqueo llegará a unos 20.000 millones de dólares, con una recaudación para el Estado de alrededor de 2.000 millones, que no alcanzaría a cubrir ni una cuarta parte de los fondos necesarios para aplicar el Plan en 2016.
El FGS se constituye con títulos y obligaciones negociables que representan el 65 % de los recursos del Fondo y no son liquidables, las inversiones en proyectos productivos significan un pequeño porcentaje y no se puede utilizar en el corto plazo. Por este motivo, sólo le quedaría al Gobierno tomar las disponibilidades del FGS, que valen 3.728 millones de dólares y sus acciones, en 5.673 millones de dólares. Las acciones están distribuidas en unas 40 empresas, entre las que se destacan bancos (BBVA, Galicia, Macro), Edenor, Gas Natural Ban, Techint entre otras importantes.

FpV en el Senado: ¿Pichetto adelanta su voto afirmativo?

El jefe del bloque de senadores del PJ-Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, afirmó ayer que “sería incoherente" oponerse al blanqueo de capitales, al considerar que la medida puede reportar al Estado “financiamiento propio con recursos de los argentinos que los tienen depositados en el mundo o fuera del sistema aquí en la Argentina”.
En cuanto al pago de las jubilaciones sostuvo que “el tema jubilados es un tema correcto. La duda puede estar en el tema de la venta de acciones, me parece que habría que ponerle controles porque es un tema que hace al financiamiento futuro”.
El senador del FpV destacó que “el Gobierno cuenta con una oportunidad interesante como para fortalecer el Banco Central, para poder aportar recursos a la infraestructura, también a la cuestión fiscal y no tener que estar tomando financiamiento a tasas realmente muy altas como viene tomando la provincia”.
Las declaraciones del senador, poco críticas del proyecto, podrían adelantar que se repetirá la votación del pago a los fondos buitres que tuvo apoyo del FpV en el Senado pero en Diputados votaron en contra. Los próximos días develarán su posición en la cámara alta.

Jubilados cobrarán con quita

Por otro lado, el pago a los jubilados de las retroactividades de los juicios de la Anses que plantea el proyecto de ley habilitará a que los jubilados cobren antes, pero con descuentos que podrían alcanzar hasta el 70%, según el estado del juicio.
El especialista Guillermo Jáuregui, citado por el periodista Bermúdez, estima que el descuento sobre el monto de la sentencia firme o reclamo judicial empieza en un piso de 40% y puede llegar hasta 70%. La quita es menor, del 10%, en el caso de jubilados de “leyes viejas”. Por su parte, el reajuste de haberes rondará entre el 30 y 45 %, que es un 25 % menos que lo que ordena la Justicia.
Tras la reunión informativa de hoy, y las repercusiones del artículo 85, llamada “ley mordaza”, los diputados continuarán el miércoles con las negociaciones para definir el dictamen el jueves en horario a confirmar.


viernes, 3 de junio de 2016

ECUADOR:

El Defensor Público General preocupado por la  desproporcionalidad de las penas

El Defensor Público General del Ecuador, Ernesto Pazmiño Granizo, expresó su preocupación por las penas desproporcionadas que se están registrando en el país. Manifestó que el Estado Constitucional de derechos y justicia no es una simple promesa o retórica normativa: las penas impuestas a Luisa María Lozano y Servio Amable Angamarca del Pueblo Saraguro son preocupantes. Se reafirma la tesis de que América Latina es el continente más desigual del planeta, porque además de la pobreza la ley penal recae con mayor fuerza sobre los más débiles. En el citado caso, la administración de justicia no acogió el estándar constitucional que dice que todos somos iguales ante la ley, toda vez que en casos muy graves y de notoriedad pública las penas han sido “suaves”, a saber: un año por lavado de activos en el caso FIFA-Gate; ocho meses en el caso de venta de pases en la Policía; tres meses en el caso de un exministro procesado por peculado; tres años por una estafa masiva a centenares de personas en planes de vivienda, entre otros. Se trata de millones de dólares en perjuicio no solo al erario nacional sino a las economías de centenas de familias.

El caso de los procesados del Pueblo Saraguro es desigual, pues no se trata de defender la impunidad en la persecución de los delitos, sino de exigir proporcionalidad en las penas, tal como sabiamente nos han trasmitido a manera de refrán, que con la misma vara de la justicia se mida a todos. No es coherente que las personas más débiles (no banqueros, no exministros, no empresarios, no directivos del fútbol) sean más propensas de recibir el servicio público de la cárcel. Las estadísticas de la prisión están llenas de infractores menores en delitos contra la propiedad y en delitos relacionados con las drogas. La cárcel no es un lugar que se caracteriza por encerrar a los poderosos infractores de la ley.

Parte de observar el fenómeno de la criminalización de la pobreza son las sentencias desproporcionadas, imponiendo centralmente el castigo hacia los más débiles y de forma periférica o marginal a los delincuentes de cuello blanco. De ahí que es indispensable preparar el terreno jurídico para concretar un importante imperativo ético: proponer al país entero la resolución pacífica de los conflictos que pueden agudizar aún más las contradicciones sociales, fortaleciendo la reconciliación y la justicia social. Por ahora, cabría la urgente amnistía para todas las lideresas y  líderes comunitarios y sociales del Ecuador, más que por un debate político por la recuperación del equilibrio en la justicia.

Quito, 31 de mayo de 2016
B120-2016

Salio el N3 de la revista de la agrupación sindical Docentes en Lucha